El Sindicato de Enfermería (SATSE) de Andalucía ha reclamado a la Junta de Andalucía que elimine las rebajas salariales a sus empleados públicos para que no sigan sufriendo un doble recorte. En concreto, ante la reunión de mañana del Consejo de Gobierno, SATSE ha pedido a los miembros del Gobierno que actúen con coherencia a su discurso y retire la rebaja salarial autonómica para que no se sume a la del Gobierno central.

En este sentido, el Sindicato de Enfermería recuerda que el Gobierno andaluz anunció la pasada semana que dejará sin efecto los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 24 del decreto ley 1/2012 de medidas fiscales y administrativa, los referentes a la reducción de las pagas adicionales de julio y diciembre, para evitar realizar un doble recorte a los funcionarios andaluces tras la supresión de la paga de Navidad por el Gobierno central.

Sin embargo, SATSE apunta que para impedir ese doble recorte el Gobierno andaluz debería suprimir otros artículos que siguen vigentes como el artículo 12, que reduce en un 10% la cuantía de los complementos variables, o el artículo 15, que reduce jornada y salario en un 10% para el personal temporal. Mientras se mantengan estas reducciones salariales, sentencia el sindicato sanitario, la Junta de Andalucía seguirá siendo corresponsable de los recortes y de la destrucción del empleo público.

Inmoral
Para el Sindicato de Enfermería, la participación de políticos de PSOE e IU, incluidos cargos de la Junta de Andalucía, en las manifestaciones del pasado 19 de julio contra los recortes es inmoral y no tendrían vergüenza si permitieran continuar con el doble asalto a las nóminas de los empleados públicos andaluces.

Por eso, concluye el Sindicato de Enfermería, para dejar de engañar a los andaluces bien mediante un nuevo decreto del Consejo de Gobierno o durante la tramitación parlamentaria del actual, deben eliminar el doble recorte a las nóminas de sus profesionales. En caso contrario, SATSE advierte que el Gobierno andaluz y los partidos que lo sustentan serán corresponsables de la demolición de la Sanidad Pública tal y como se conoce, y de la que ahora acusan al Gobierno de la nación.