SATSE critica el oscurantismo con el que la Consejería de Sanidad está llevando a cabo esta reestructuración tanto para los profesionales sanitarios que trabajan en los centros de salud afectados por el recorte de asistencia que supone, como para los ciudadanos. No se ha informado de ella a los trabajadores a través de los cauces adecuados y legalmente establecidos, como es la Junta de Personal, y han tenido que enterarse de las intenciones de la Consejería de Sanidad por las noticias de los medios de comunicación y porque en los centros de salud que concentrarán las urgencias se están realizando obras este verano.

En concreto, en la provincia de Burgos se unifica toda la atención de urgencias rural y urbana en un Punto de Atención Continuada (PAC), el Aranda Sur-Aranda Norte, y se elimina la atención que hasta ahora se prestaba en el PAC de Aranda Rural. En la provincia de Palencia se suprime la atención de urgencias en Centro de Salud Palencia Rural para concentrarlas en el PAC de La Puebla, mientras que en la provincia soriana también se unen Soria Rural (cuya atención de urgencias desaparece) y Soria Urbana.

Al mismo tiempo, en Valladolid, además de haberse eliminado asistencia de urgencias durante las noches en algunos centros de salud para concentrarla en dos centros (Arturo Eyríes y Pilarica) y en los hospitales, se pretende cerrar el centro de guardias de Medina del Campo Rural para pasar esa atención al de Medina del Campo Urbano. Asimismo, en Zamora se unifican los tres puntos de que se dispone hasta ahora, el Centro de Salud Zamora Norte, el C. S. Zamora Sur y el Punto de Atención Continuada (PAC) para Zamora capital, en este último punto. Sólo los centros de Zamora Norte y Zamora Sur suman unas 18.000 tarjetas sanitarias de pueblos del alfoz de la capital zamorana.

SATSE critica la forma en que se está llevando a cabo este proceso, en verano y sin información a trabajadores y ciudadanos y durante agosto y septiembre para que tenga menos repercusión en la opinión pública, al tiempo que alerta de que con esta reestructuración se están vulnerando los derechos de los trabajadores porque se realiza de espaldas a la normativa existente, ya que ésta no se ha modificado para llevar a cabo estos cambios, y porque supone una pérdida de plantilla del personal sanitario y una disminución de retribuciones para este personal.

Asimismo, la población de estas provincias afectadas debe saber que estas modificaciones supondrán una pérdida de sus posibilidades de acceso a la atención de urgencias al concentrarlas en pocos puntos y en el medio urbano, y que esa asistencia se deteriorará al aumentar la presión asistencial en las guardias de los hospitales.

Esto conllevará un aumento del gasto sanitario y no un ahorro como pretende hacer ver la Consejería de Sanidad, ya que sí se reducirá personal pero se incrementará el gasto en la asistencia porque las urgencias seguirán siendo las mismas (por unos cambios estructurales en la atención no van a dejar de presentarse urgencias entre la población). Por este motivo, SATSE considera que lo que pretende la Consejería no es el ahorro sino un desmantelamiento paulatino del sistema público de salud, teniendo en cuenta que esto se produce, además, en una población que cuenta con una gran dispersión geográfica y muy envejecida.