SATSE Castilla y León ya pidió la pasada semana que el consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, compareciera en la Mesa Sectorial de negociación del sector sanitario para que diera explicaciones sobre las repercusiones que tendrán para los trabajadores de la sanidad de Castilla y León los recortes aprobados por el Gobierno central, puesto que acaban con derechos laborales y suponen un retroceso de 25 años en las condiciones de trabajo.

Ante la respuesta de Sáez Aguado en el sentido de que no es quien debe dar esas explicaciones porque estas medidas no sólo afectan al personal de Sacyl, SATSE ha solicitado por escrito a Pilar del Olmo esa comparecencia, ya que es una obligación de la consejera dar explicaciones a los representantes de los empleados públicos porque las condiciones de éstos últimos dependen de ella en última instancia en cuanto a sus condiciones retributivas.

SATSE quiere precisar que a pesar de que de la consejera de Hacienda dependen los empleados públicos de la Administración autonómica, Del Olmo se mantiene al margen de los mismos y no se acerca a conocer sus reivindicaciones. Un ejemplo es la reiterada petición de una reunión que le viene haciendo SATSE en los dos últimos años para abordar la situación de la enfermería en los Servicios Sociales de Castilla y León. Hasta ahora, Del Olmo no ha recibido a SATSE, dándole largas para abordar este asunto (que incluye la petición de mejoras laborales para estos enfermeros y su equiparación laboral y retributiva a los enfermeros de Sacyl) y pese a que las competencias sobre este personal en lo que respecta a las peticiones que realiza SATSE son en exclusiva de la consejera de Hacienda.

La comparecencia de Del Olmo que SATSE ha solicitado por escrito es de vital importancia para los empleados públicos, puesto que los recortes que el Gobierno central ha aprobado van a suponer una perdida de derechos muy importante para el personal sanitario, en concreto para el de Castilla y León, ya que esos recortes anulan, además, el Pacto de permisos y licencias del personal estatutario de Sacyl. La anulación de este Pacto, que es de 2004, supone un retroceso de 25 años en los derechos de los trabajadores. Por ello, SATSE considera que Del Olmo debe plantear opciones que permitan flexibilizar los recortes aplicados en Castilla y León para que los trabajadores de esta Administración no se ven afectados doblemente (ya se les ha aumentado la jornada laboral, entre otras medidas).