Profesionales de toda la Función Pública andaluza se concentrarán contra los recortes en San Telmo


Publicado el 11/06/2012, en Recortes en las CC.AA.. Sin comentarios

Sindicatos independientes de Sanidad, Educación y Administración General de la Junta de Andalucía han puesto en marcha un calendario de movilizaciones contra los recortes que pretende imponer el Gobierno andaluz. Como primer acto conjunto, los sindicatos han convocado una gran concentración ante la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía el martes 12 de junio a la que acudirán profesionales de toda la función pública andaluza.

En concreto, las movilizaciones han sido convocadas por los sindicatos FASPI (Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes) integrado por los sindicatos SAFJA (Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía), SMA (Sindicato Médico Andaluz) y APIA (Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía), FSES (Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad) formado por SATSE (Sindicato de Enfermería) y ANPE-Sindicato Independiente, así como USAE (Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería) integrado por SAE (Sindicato de Auxiliares de Enfermería) y FATE (Federación Andaluza de Técnicos Especialistas).

Los sindicatos consideran que el plan de ajustes de la Junta de Andalucía es una política activa de empobrecimiento de los funcionarios y empleados públicos no va a ayudar a salir de la dificilísima situación económica por la que atraviesa el país, sino todo lo contrario.

Igualmente, manifiestan su profunda preocupación por el lógico deterioro de los servicios públicos consiguiente a la aplicación de las medidas contenidas en el Plan de reequilibrio presupuestario de la Junta, y las funestas consecuencias que de aquel pudieran derivarse.

Por este motivo, con la convocatoria de movilizaciones exigen al gobierno de la Junta de Andalucía una rectificación de su política acorde con las promesas realizadas en campaña electoral a la sociedad andaluza, apostando por unos servicios públicos de calidad al servicio del ciudadano y por el respeto a las condiciones laborales de sus funcionarios y trabajadores en el marco de la negociación colectiva.

Recortes sin negociación

De otro lado, los sindicatos denuncian que el plan de ajuste se ha intentado imponer sin negociación real con los agentes sociales hurtando el derecho a la negociación. De hecho, advierten que la prórroga en la aplicación se ha revelado como una maniobra para rebajar la conflictividad con los funcionarios y empleados públicos, objetivo que, aseguran, no van a conseguir.

Asimismo, recalcan que la Junta ha eludido conscientemente otras medidas de ajuste alternativas que hubieran evitado esta confiscación de los derechos y salarios de los empleados públicos, entre las que proponen

  • Reducción del 50% de altos cargos en la administración andaluza.
  • Eliminación de los asesores de confianza política de los altos cargos.
  • Eliminación de los puestos de libre designación.
  • Reducción de consejerías y direcciones generales.
  • Reducción drástica de gastos de protocolo.
  • Vuelta al sistema de fiscalización previa por la Intervención General de todos los gastos ocasionados en el sector público.
  • Establecimiento de un tope anual a los emolumentos totales recibidos por los altos cargos y fortalecimiento de las garantías de publicidad y transparencia.
  • Eliminación de la “Administración Paralela” en la Administración General de la Junta de Andalucía.
  • Eliminación de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones de empresarios.
  • Persecución del fraude fiscal en el ámbito de la comunidad autónoma.
  • Reducción drástica de los innumerables planes, programas y proyectos que desangran el presupuesto público sin obtener resultado satisfactorio alguno.
  • Reducción drástica de las partidas millonarias destinadas a propaganda institucional.

Por eso, finalizan advirtiendo que continuarán adoptando todas las medidas que consideren necesarias, desde movilizaciones hasta judiciales, contra un plan que mermará el empleo y las condiciones laborales de los empleados públicos y supondrá un deterioro del servicio que se ofrece al ciudadano.





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