Que España entera se encuentra sumida en una profunda crisis económica y de crecimiento, no es discutible. Que todos han de aportar esfuerzo, solidaridad, generosidad y sacrificio, en principio tampoco debería ser discutible. Sin embargo la realidad del último año evidencia, que esto no sólo no está siendo así, sino todo lo contrario.

Los recortes y subidas de impuestos, entre otros llevan algo más de un año imponiéndose por los Gobiernos de España y de las distintas Comunidades Autónomas. A todos los ciudadanos sin excepción afectan las distintas subidas de impuestos, incremento del precio de los productos y alimentos que necesitamos para vivir, subida de luz, agua, teléfono, etc. Sin embargo no a todos los ciudadanos les afectan los recortes extras y adicionales que tanto el Gobierno de la Nación como el Gobierno de la Junta de Andalucía, han impuesto a los trabajadores públicos (Policías, Bomberos, Enfermeros, Médicos, Jueces, Fiscales, Profesores, Personal Administrativo, etc. A estos trabajadores a pesar de que solo representan en España el 14 por ciento del total de trabajadores, se les impone ahora por tercera vez, asumir un coste y una carga adicional en su participación para intentar sortear una crisis, que no afecta ni sufren todos por igual, soportando ya  los trabajadores públicos tres hachazos de recortes salariales y laborales.

¿Qué pecado es el que han de pagar los trabajadores públicos, para que se les exijan sacrificios adicionales que en muchos casos les llevan a la penuria económica y familiar?

¿Qué pecado cometieron los empleados públicos, por decidir en su día, dedicar varios años de su vida a  prepararse para optar a un puesto de trabajo que le daría estabilidad, pero nada más, mientras otros y durante muchos años, sin ser trabajadores públicos, triplicaban el sueldo de éstos?

En esos años de bonanza nadie pensaba en los empleados públicos que silenciosamente, sin culpar ni responsabilizar a nadie, seguían haciendo su trabajo, con sueldos bastantes más precarios de los que muchos creen, como así ha reconocido recientemente el propio Presidente de los empresarios Cordobeses, y por supuesto muy por debajo de los que con escasa formación académica y al amparo del ladrillo triplicaban los sueldos de miles de trabajadores públicos.

Sin embargo, cuando llega el momento de hacer esfuerzos, son los empleados públicos en solitario a quienes se les imponen medidas extraordinarias y sacrificios adicionales, para sanear una crisis que ni han provocado, ni son culpables.

Ante este panorama, me pregunto, ¿Acaso la crisis  es sólo de los Empleados Públicos, o por el contrario es de todo el país? La respuesta es clara, pero solo se les castiga de manera extraordinaria y selectiva a los trabajadores públicos.

Creo sinceramente que no es gratuito ni casual este interesado desgaste y debilitamiento de los trabajadores públicos, ante la opinión pública. Solo falta observar con que entusiasmo aplaude el Presidente Nacional de los empresarios, las medidas de recortes y castigo a lo público, lo cual al parecer aún le parece insuficiente y sigue pidiendo al Gobierno un sustancial adelgazamiento de la estructura pública, tal vez pensando más en la posibilidad de negocio que ello  pueda generar en la empresa privada, que en la  contribución real de ello, a salir de la crisis.

Alguien, está claro que viene con hambre atrasada y aires privatizadores, alguien tiene interés claro en debilitar y desprestigiar a los trabajadores públicos e indirectamente un modelo social  universal, público y gratuito en aspectos esenciales y claros como la sanidad y la educación entre otras, generando al mismo tiempo un clima social que vaya asumiendo privatizaciones encubiertas, por ejemplo en sanidad, con la venta de Hospitales (Castilla la Mancha); modelos de gestión privada (país Valenciano),  entre otros; pago por medicamentos, etc.

No tengo dudas de que sectores empresariales tienen puesto su interés en la sanidad pública para hacer negocio con ella, es decir, hacer negocio con la enfermedad y el sufrimiento de los pacientes, esto sinceramente me parece impresentable y ruin. Pues no se trata de una convivencia entre lo público y lo privado, algo que sería natural desde la colaboración, como ocurre hasta ahora, nó, se trata de invadir y absorber lo público , para convertirlo en negocio privado.

Creo que ha llegado el momento de que todos aquellos que creemos en lo público y su protección, nos posicionemos firmemente frente a los especuladores de la política, profesionales del cinismo, y marionetas de los defraudadores y de los mercados, para evitar que algunos hagan negocio cargándose las joyas del estado de bienestar, nuestro estado de bienestar, es decir, la sanidad y la educación, al mismo tiempo que  un programado y calculado deterioro, debilite la justicia y la seguridad para el ciudadano.

Es el momento de renunciar todos a cosas, para potenciando y enriqueciendo lo que nos une, seamos generosos en el esfuerzo, el sacrificio y la unidad, solo así salvaremos nuestro estado de bienestar y la sociedad que todos hemos querido construir, es demasiado valioso para permitir pasivamente que unos cuantos con poder y aires privatizadores, nos  lo arrebaten. Los ciudadanos en general y los trabajadores públicos en particular  lo están pidiendo y desde luego no solo es lo que procede en estos momentos, sino que si hiciéramos lo contrario sería imperdonable e injustificable. SATSE está con los trabajadores y con los ciudadanos, todos los demás también deberían estarlo, desde la lealtad hacía lo público y el compromiso con los ciudadanos.

Manuel Cascos Fernández, Secretario Provincial de SATSE Córdoba